La crisis social que atraviesa Bolivia desde hace más de cinco semanas ya ha dejado al menos nueve personas fallecidas, en medio de las protestas y bloqueos de carreteras impulsados por organizaciones campesinas, sindicales y sectores afines al expresidente Evo Morales.
Las últimas víctimas reportadas fueron una joven de 24 años con cáncer que no pudo llegar a tiempo a recibir tratamiento especializado debido a los cortes de rutas, y un transportista que permaneció más de un mes varado por los bloqueos y sufrió complicaciones de salud.
Según datos de la Defensoría del Pueblo, seis de las nueve muertes registradas están relacionadas con la falta de atención médica oportuna provocada por las interrupciones del tránsito. También se reportó una persona fallecida durante un operativo de desbloqueo y otros dos decesos vinculados a las movilizaciones.
La situación ha generado preocupación internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó tanto al Gobierno como a los sectores movilizados a priorizar el diálogo y buscar una salida pacífica al conflicto. El organismo recordó que la protesta social es un derecho legítimo, aunque advirtió que los bloqueos prolongados pueden afectar gravemente otros derechos fundamentales.
Mientras tanto, el Gobierno boliviano denunció una presunta injerencia extranjera en las manifestaciones. La Cancillería informó que gestiona la expulsión de algunos ciudadanos extranjeros identificados en actividades relacionadas con las protestas, al considerar que existen intentos de desestabilización política.
Los bloqueos se extienden actualmente por ocho de los nueve departamentos del país y han provocado problemas de abastecimiento de combustibles, alimentos, medicamentos y oxígeno medicinal. Los intentos de abrir corredores humanitarios y las iniciativas de mediación impulsadas por la Iglesia Católica, el Legislativo y organizaciones de derechos humanos no han logrado destrabar el conflicto.
Ante la falta de acuerdos, algunos sectores políticos plantean la posibilidad de convocar un referéndum revocatorio para definir la continuidad del presidente Rodrigo Paz y otras autoridades nacionales, aunque la propuesta ha sido cuestionada por el Ejecutivo por considerar que carece de sustento constitucional.
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