Rodrigo Paz aseguró que no permitirá que “intereses narcoterroristas” pongan en riesgo la democracia del país. Sus declaraciones se produjeron tras recibir el respaldo de Estados Unidos y luego de que el Congreso aprobara una ley que habilita el despliegue del Ejército.
El mandatario respondió al apoyo expresado por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien manifestó el respaldo de Washington al gobierno boliviano y rechazó cualquier intento de desestabilización institucional. Además, el secretario de Estado, Marco Rubio, comunicó que su país reforzará la asistencia humanitaria y el apoyo logístico ante la escasez de alimentos, medicamentos y combustibles provocada por los cortes de rutas.
Paz sostuvo que su administración está dispuesta a atender los reclamos sociales legítimos, pero afirmó que no cederá ante sectores que buscan forzar su salida del poder. También convocó a organizaciones campesinas y sindicales a retomar el diálogo y acusó al expresidente Evo Morales de promover y financiar las protestas con recursos provenientes de actividades ilícitas, una acusación que el exmandatario rechaza.
Las movilizaciones comenzaron en mayo de 2026 como rechazo a una ley que permitía hipotecar tierras, aunque luego derivaron en una demanda de renuncia presidencial. Pese a que el Gobierno derogó la norma semanas atrás, los bloqueos continuaron expandiéndose y ya afectan a ocho de los nueve departamentos del país, generando graves problemas de abastecimiento y atención sanitaria.
En medio de la crisis, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Regulación de los Estados de Excepción, que habilita la participación de las Fuerzas Armadas en situaciones de conmoción interna. La norma abre la posibilidad de que el Ejecutivo declare el estado de excepción para despejar las rutas bloqueadas. Mientras tanto, el respaldo estadounidense fortalece políticamente a Paz en un contexto marcado por la creciente tensión social y la persistencia de las protestas.
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