La crisis política en Bolivia volvió a colocar a Evo Morales en el centro de la escena, pese a que ya no controla el oficialista MAS ni ocupa cargos públicos. Desde el Trópico de Cochabamba, donde permanece refugiado para evitar una orden de captura por una causa de presunta trata de personas.
Según el informe de BBC News Mundo, Morales conserva lo que analistas llaman “el poder de la calle”: capacidad de movilización social y presión mediante cortes de rutas y protestas. Sus seguidores se sumaron a las manifestaciones que reclaman la renuncia de Paz y la convocatoria a nuevas elecciones en 90 días. El expresidente definió las protestas como una “sublevación del pueblo”.
El gobierno boliviano acusa a Morales de intentar desestabilizar la democracia y de promover la confrontación para recuperar poder político. Además, sectores oficiales sugieren vínculos entre las protestas y actividades del narcotráfico en la región del Chapare, aunque hasta ahora no se presentaron pruebas judiciales directas contra el exmandatario por ese tema.
Morales permanece principalmente en Lauca Ñ, una localidad cocalera de difícil acceso en Cochabamba, protegida por organizaciones sindicales afines. Allí funcionan guardias permanentes de seguidores que buscan impedir su detención. Analistas consideran que, aunque mantiene respaldo popular en algunas regiones, su margen político es limitado debido a su inhabilitación electoral y al desgaste de su imagen pública tras los conflictos judiciales y la crisis del MAS.
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