El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, avanzó este miércoles con la declaración del estado de emergencia y el despliegue de las Fuerzas Armadas en las calles, luego de que el Congreso aprobara la derogación de la ley que limitaba los estados de excepción.
La nueva normativa, identificada como Ley 1732, dejó sin efecto la Ley 1341 de Estados de Excepción, vigente desde 2020. El proyecto fue aprobado primero por el Senado y posteriormente ratificado por la Cámara de Diputados con el respaldo de dos tercios de los legisladores, en una sesión virtual realizada este martes.
Las protestas en Bolivia son encabezadas por sindicatos mineros, organizaciones campesinas y grupos vecinales que rechazan la política económica del Gobierno, reclaman aumentos salariales y denuncian problemas en la distribución de combustibles. En las últimas semanas, las movilizaciones crecieron en intensidad y derivaron en fuertes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Durante el debate parlamentario, varios diputados responsabilizaron al expresidente Evo Morales por la crisis política y social que atraviesa el país. Algunos legisladores incluso reclamaron avanzar con su detención, mientras desde el oficialismo sostienen que las protestas buscan desestabilizar al gobierno de Paz.
El diputado Manolo Rojas, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), defendió la derogación de la norma anterior y aseguró que el Estado necesita mayores herramientas para responder a la violencia. “La protesta y la huelga están garantizadas. Dejemos de ser tibios”, declaró tras la votación.
La ley eliminada había sido aprobada durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez y establecía límites específicos para la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos. Desde sectores oficialistas consideran que esas restricciones debilitaban la capacidad de respuesta del Poder Ejecutivo frente a situaciones de crisis.
En paralelo, la situación en Bolivia también generó preocupación internacional. El Departamento de Estado de Estados Unidos manifestó su inquietud por los hechos de violencia y señaló que existen intentos de desestabilización contra el gobierno boliviano en medio del creciente conflicto social y político.
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